Pedro Agramunt destapa pagos de George Soros al independentismo catalán y a la campaña contra él

Open Society Foundations, la organización del multimillonario George Soros para financiar "movimientos filantrópicos" de carácter internacional, lleva años sufragando la actividad de organizaciones impulsoras del independentismo catalán, según datos aportados en un informe que el senador del Partido Popular Pedro Agramunt presentará este martes en París para defenderse delpresentado contra él en el Consejo de Europa sobre supuestas prácticas corruptas


El magnate JUDIO de origen húngaro, por ejemplo, aportó 24.990 euros en 2015 y otros 52.968 euros en 2016 a las cuentas del Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña, cuyo presidente, el profesor universitario David Bondia, organizó un evento de apoyo al independentismo en la sede de la ONU en Ginebra con la presencia de Carles Puigdemont el pasado 19 de marzo. Además, Open Society ha aportado 2,8 millones de euros (600.000 euros anuales entre 2012 y 2015 y otros 400.000 euros en 2016) a Independent Diplomat Inc, un lobby internacional con sede en Nueva York al queArtur Mas recurrió siendo presidente de la Generalitat de Cataluña para sostener el llamado Consejo de la Diplomacia catalán (Diplocat).
Independent Diplomat no sólo ha participado en la expansión internacional del indepenentismo catalán. También apoya procesos de autodeterminación como el de Sáhara Occidental, la rebelión siria o el separatismo en Kosovo. Una investigación realizada por el senador Agramunt para defender su honor frente a las acusaciones enlaza directamente la estructura aparentemente filantrópica de Soros con los informes que sirvieron para construir la denuncia contra él, le obligaron a dejar la presidencia de la Asamblea del Consejo de Europa y ahora amenazan con arruinar su carrera política.

Comunicación interna con los pagos de la Foundation to Promote Open Society a Independent Diplomat.
Una investigación encargada por el Consejo de Europa concluyó que Agramunt pudo haber formado parte de una estrategia política para condicionar las posiciones políticas del citado organismo respecto a los derechos humanos y las libertades en distintos países. El caso estalló cuando, siendo Agramunt presidente de la Asamblea del Consejo, se conoció su reunión privada en Damasco con el líder sirio Bashar Asad, encuentro realizado sin autorización del Consejo. El informe, de unas 200 páginas, detalla cómo el gobierno de Azarbaiyán ha gastado en los últimos años 30 millones de euros en campañas internas para limpiar su imagen y parte de ese dinero podría haber financiado el ascenso a la presidencia del Consejo de Europa de Agramunt.


El senador, que admite haber opinado en ocasiones como un "verso suelto" niega tajantemente haber recibido dinero azarbayano porque "no hubo ninguna campaña que hacer dado que no había ningún otro contrincante y fui elegido por aclamación". Como parte de la investigación contra Agramunt, una organización llamada Freedom Files ligó el ascenso de político español con sus simpatías y gestos para suavizar las opiniones del Consejo de Europa hacia Azerbaiyán. Además, se citan continuos viajes como "observador" en los que se habrían entregado relojes de lujo y regalado estancias en hoteles, bandejas de caviar y billetes de 500 euros. Se decía, incluso, que Agramunt fue sorprendido con un sobre que contenía 15.000 euros en efectivo -él asegura que sólo eran 1.500 euros para sus viajes- y que había sido visto con prostitutas -algo que rotundamente niega. Las sospechas también salpicaron a Agustín Conde, ex eurodiputado y número dos del Ministerio de Defensa con la ministra Dolores de Cospedal.

La sospecha, ahora constatada

Fotografía de la activista rusa Olga Zakharova, impulsora de Freedom Files, una de las denunciantes contra Agramunt.

Para defenderse de las acusaciones, Pedro Agramunt sostiene que organizaciones como el ESI (European Stability Inciative) y otras ONG financiadas por Soros están detrás de lo que él califica de "campaña de difamación". Ahora ha dado un paso más y afirma, con datos, cifras y nombres, que el informe de la comisión de investigación contra él "se basó en reproducir tres informes incriminatorios redactados por terceras partes desde el año 2013 y previamente ya recogidos en algunos medios de comunicación. La investigación, sostiene, "no superaría un primer curso de Derecho en cualquier estado democrático".
Agramunt centra el tiro concretamente en los informes de ESI y de Freedom Files. La primera organización está presidida por Gerald Knaus quien, a juicio de Agramunt, "mintió a la comisión" al asegurar que ESI es una "entidad sin ánimo de lucro", cuando se trata de un lobby que invierte entre 300.000 y 400.000 euros al año en actividades de presión política. Knaus admitió que ESI había recibido 39.000 euros de la Foundation to Promote Open Society de George Soros para "algún trabajo" sobre Albania. La realidad, según documenta Agramunt, es que ha recibido 300.000 euros cada año entre 2013 y 2016 para actividades como "aumentar la eficacia del Consejo de Europa sobre la cuestión de los presos políticos" en el año en que se discutió un informe que podría considerar presos políticos a los activistas de ETA o a los promotores de la independencia de Cataluña. Agramunt se opuso frontalmente.
Según el senador, esto probaría que el lobby de la ESI "ha pretendido influir, distorsionar, manipular y dirigir la actividad de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con una agenda política clara y definida desde la Foundation to Promote Open Society de George Soros". Agramunt considera escandaloso que la comisión de investigación no preguntara a la ESI sobre la procedencia de sus fondos.
La investigación encargada por Agramunt también relaciona al presidente del lobby ESI, Geradl Naus, con el director de Independent Diplomat, Nicholas Whyte. Ambos, han participado en foros, comunicaciones y conferencias conjuntas. Los dos, sostiene el senador, "defienden una agenda política clara contra los representantes políticos del PP a través de falsedades que buscan erosionar su reputación internacionalmente". Su informe recoge un comentario en Twitter de Nicholas Whyte contra Mariano Rajoy en el que momento en que se aprobó la vigencia del artículo 155 de la Constitución y suspendió el autogobierno en Cataluña.
Respecto a los dos activistas de Freedom Files que acusaron a Agramunt en la comisión, Yuri Dzhibladze y Olga Zakharova, la investigación dice que son "expertos" en desacreditar "dañar, desestabilizar y desacreditar al partido en el Gobierno de España". El pasado mes de octubre visitaron Barcelona como activistas "para interferir sobre la crisis de Cataluña y atacar al Gobierno del PP". Fueron invitados por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) para exigir "una investigación independiente" contra España. Ambos se reunieron en Barcelona con el profesor Bondia, presidente del Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña, organización también financiada por Open Society y George Soros. El dossier de Agramunt sobre sus perseguidores incluye fotografías de Zakharova armada con un rifle.

Las conclusiones, hoy

Agramunt comparecerá este martes en París ante la comisión de reglamento de la Asamblea del Consejo de Europa para rebatir las acusaciones contra él. Y sostiene que ha sido "víctima de la mayor operación de lobismo y grupos de presión contra un individuo en Europa que se haya visto en muchos años". Agramunt asegura que siempre ha actuado según su ctierio, "en conciencia y en defensa de los intereses españoles". La Asamblea, insiste, "es un órgano depositario de la soberanía popular de millones de europeos y es inadmisible que se vea manipulada y condicionada por actores no estatales como la ESI, que no sólo ha actuado como lobista, sino que ha sometido a chantaje a multitud de parlamentarios".
La red descrita por Agramunt "ha orquestado una campaña internacional encaminada a desacreditar y calumniar mi persona a través de mentiras y falsedades" y esa misma gente "son activistas que han estado apoyando el ataque independentista en España

https://amp.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/05/15/5af9b016268e3e71298b45f7.html

El golpe de estado federalista en España, avalado por la OTAN y Bruselas

El Muy Honorable Presidente Torra, pasa revista a los Mossos d'Esquadra

Rajoy-Rivera y el tándem Puigdemont-Torra pueden tener pactado el recambio constitucional y la libertad de los "presos políticos".






El escenario político no se complica, sino que se simplifica. La urgencia por evitar una posible presencia ruso-china en Cataluña, donde ya existen fuertes intereses económicos de ambas potencias, podría acelerar el pacto secreto para la segunda transición que tiene como detonante el "conflicto" catalán. El nuevo President es un intelectual, alejado del discurso fanático que se le imputa: es un federalista convencido que avaló a Pedro Sánchez en el PSOE. Se trata de la pieza que faltaba para llevar a España a un máximo de tensión constitucional y ofrecer la salida europeísta. En este sentido, Estados Unidos estaría presionando para adelantarse a las acciones estratégicas de Moscú y Pekín.

En el caso de Rusia, las necesidades actuales dentro de la diplomacia rusa son: la presencia militar o la posible coordinación en Defensa, expandir sus mercados financieros y que sus empresas puedan ganar espacio a nivel global. Aliviar la tensión en Ucrania es un efecto tan deseado como lo conseguido en Siria por los militares rusos.

En el ámbito de la Defensa, una posible república catalana podría quedar fuera de la OTAN, por lo que Rusia le podría ofrecer su reconocimiento y cooperación a cambio de, por ejemplo, poder amarrar sus buques en los puertos catalanes. Uno de los problemas estratégicos que tiene la Federación Rusa es que solamente el puerto sirio de Tartus les sirve como base en el Mediterráneo, puesto que España y la Europa Occidental forman parte de la OTAN y la actual escala de conflicto impide cualquier cooperación. Recordemos las advertencias de la alianza atlántica al respecto cuando España iba a aprovisionar a la flota rusa que se dirigía a Siria en Ceuta.

Aunque para España sería una comunidad autónoma más, y para la OTAN también, la falta de medios para evitar tales acciones de una reconocida república catalana por parte de Rusia, dejan que la única vía posible sería entre la OTAN y el gobierno catalán. Y es la única vía porque los tratados de la Unión Europea prohíben hacer uso de la fuerza militar contra la población civil, y el coste de frenar una posible república catalana reconocida por Rusia, a quien la federación protegería al reconocerla como soberana, complican las cosas más allá de los canales diplomáticos. Si la OTAN quisiese evitar tales acciones en territorio catalán debería exigir a Cataluña que no las llevase a cabo, y por lo tanto, previamente debería reconocer la república catalana para poder hacerlo. O forzar a Madrid a un cambio federalista que otorgue mayor soberanía a los catalanes. En eso estamos.

Desde un punto económico, si la Unión Europea decide expulsar a Cataluña, aparte de la gran cantidad de inversiones europeas que quedarían por tanto sin la cobertura de la UE, también permitiría que Cataluña, tras su expulsión, abriese la puerta a inversiones rusas que ahora no son posibles como consecuencia de las sanciones comunitarias contra ellas. Abriendo una escala de grises a una situación que ahora se está gestando de forma dicotómica entre el sí o el no. A la Unión Europea no le interesa tener una Crimea en el sur de Europa, nudo de comunicaciones e infraestructuras troncales europeas, que tendría como consecuencia una España que quedaría casi aislada como consecuencia que la principal vía de comunicación de mercancías es a través de la provincia de Girona, Cataluña. Es por ello que la UE debe reconocer Cataluña para frenar esto.

En el caso de China solamente tendría la vertiente económica. Después de la infraestructura del puerto de Gwadar en Pakistán, del que hablamos en la columna “La alianza económica y militar chino pakistaní, ¿amenaza para el eje India-Estados Unidos?”, la consolidación de Barcelona como enclave de inversiones del mercado chino en Europa, norte de África e incluso como punto medio para las conexiones con Sudamérica abre la puerta a un interés especial para que en caso de una nueva república, el gobierno chino pueda influenciar sobre nuevas legislaciones comerciales mientras la republica catalana queda al margen de la Unión Europea. El reconocimiento de China de La República de Cataluña podría ofrecer una legislación más favorable al comercio en territorio europeo geográficamente hablando, que no económicamente. Aunque, según las circunstancias, se puede dar el caso de que algunos países puede que la reconozcan y otros no, y China juegue entre estas dos realidades. El proteccionismo que existe en la comunidad europea no existiría en Cataluña, si se legisla hacia esta dirección, y al mismo tiempo podría seguir beneficiándose del espacio Schengen una vez las mercancías estén aquí puesto que para algunos países Cataluña seguiría siendo una simple región española.

De la misma forma que podría hacer Rusia, velando por la soberanía de la república catalana, la República Popular de China podría hacer lo mismo, reconociendo y protegiendo su soberanía, siendo moneda de cambio el reconocimiento de esta en las instituciones de las que estos dos países forman parte si hubiese un acto hostil al respecto. Es posible que frente a tal escenario los silencios administrativos serían lo más aconsejable, puesto que si Rusia o China, o ambos países reconocen una República de Cataluña, pueden salir en su defensa si peligra su integridad y el gobierno catalán pide ayuda a la comunidad internacional, no olvidemos que ambos son miembros permanentes del consejo de seguridad de la ONU. Los caminos de la diplomacia son complejos, y si hay intereses encima de la mesa, aún se puede ser más contundente en las declaraciones o políticas.

En conclusión, la inacción de la comunidad europea frente a un reconocimiento de Cataluña por parte de Rusia y la República Popular China, o el simple hecho de negarlo, provocaría que ambas potencias tuviesen un pie en el corazón del territorio continental europeo. Cualquier vulneración de soberanía de una reconocida república catalana puede llevar consigo sanciones de ambas potencias hacia quien lo haga, generando que sea necesario un trato de igual a igual entre los Estados y el Ejecutivo catalán, provocando el reconocimiento de dicho Estado, para conseguir una resolución a través de la vía diplomática en tal situación. Por estas razones, la única solución viable para la UE-OTAN es forzar al cambio constitucional en España, promocionando el europeísmo y vendiendo la vía federal como la única que puede evitar un conflicto civil armado.

http://www.institutodeestrategia.com/articulo/internacional/el-golpe-de/20180516182646013381.html

No, no son los rusos. Se crea en EEUU el Catalonia America Council para "fomentar las relaciones bilaterales"

BARCELONA (Sputnik) — El antiguo delegado de la Generalitat (Gobierno catalán) para América del Norte —Estados Unidos, Canadá y México—, Andrew Davis, fundó recientemente el Catalonia America Council (CAC).

Según informa Nació Digital, se trata, en su propia definición, de una organización "sin ánimo de lucro, independiente y no partidista" que "aborda los retos sociales y políticos más importantes" de Cataluña y América del Norte.

Su finalidad es promover una "relación transatlántica" basada en "valores políticos arraigados en la libertad, la democracia y el autogobierno".

Con este último objetivo, el CAC realizará actos sobre temas económicos, políticos y sociales que traten sobre la relación entre Cataluña y EEUU.

También ayudará a los periodistas estadounidenses, canadienses y mexicanos a transmitir "información de calidad" sobre lo que ocurre en Cataluña.

El CAC destaca en su página web que se financia "íntegramente con aportaciones privadas".

Además de Davis, integran el CAC Anselm Bossacoma, exdirector de la Oficina Exterior de Comercio e Inversiones de Cataluña en Silicon Valley; el abogado especializado en inmigración George Ganey; Katrina Drabeck, miembro de la Silicon Valley Community Foundation; y el consultor de la empresa McKinsey & Company James Stranko.

Davis fue delegado de la Generalitat desde finales de 2008 hasta octubre de 2017, cuando el Gobierno español cerró todas las delegaciones en el extranjero salvo la de Bruselas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española —que permite al Ejecutivo central intervenir la gestión de una administración autonómica para restablecer la legalidad, previa ratificación del Senado (cámara alta del Parlamento)—, en respuesta a la declaración de independencia de Cataluña del 27 de octubre de 2017.

http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/21079-no-no-son-los-rusos-se-crea-en-eeuu-el-catalonia-america-council-para-qfomentar-las-relaciones-bilateralesq